Asuntos europeos, financiación autonómica, gestión sanitaria, situación laboral o violencia de género son algunos de los temas que la Conferencia de Presidentes ha tratado desde que el ente se fundó en 2004. "El órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas", definen desde el Gobierno, aunque ahora cumple dos años y cuatro meses sin reunirse.
Las peticiones de convocatoria por parte de las autonomías han sido frecuentes en estos casi treinta meses de paréntesis. De hecho, catorce regiones emitieron una reclamación conjunta en noviembre de 2023 y en abril de 2024 para debatir con el Ejecutivo central asuntos como la inmigración, la falta de médicos o la política del agua.
Sin embargo, la ausencia de reuniones ha llevado a diez Comunidades Autónomas -todas gobernadas por el Partido Popular- a anunciar sendos recursos al Tribunal Supremo para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, claudique y cite de forma "inmediata" a los 17 presidentes regionales y a los gobernantes de Ceuta y Melilla. Hasta ahora, la Comunidad de Madrid ha presentado formalmente un recurso Contencioso Administrativo en el Tribunal Supremo (TS) contra Sánchez por no convocar la reunión en más de dos años, mientras que el Gobierno se ha defendido anunciando una convocatoria para septiembre.
¿Qué argumenta el PP?
Los gobiernos autonómicos del PP de Aragón, Baleares, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia, Madrid, Extremadura, Andalucía y Cantabria acuden al Alto Tribunal porque "se han hartado" de las promesas de convocatorias incumplidas, según indicó este martes la secretaria general del partido, Cuca Gamarra.
En Génova ponen la "inmediatez" como punto indispensable de la reunión. De hecho, cuando el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado la Conferencia de Presidentes para septiembre, el popular Miguel Tellado, según Torres, insistió en que quería que la convocatoria fuese inmediata.
Gamarra defiende la utilidad de la Conferencia de Presidentes "para hablar sobre las políticas que hay que coordinar" y acusa al jefe del Ejecutivo de "bloquear cualquier instrumento de cooperación y de colaboración". Por eso, desde Génova ven "lógico" el recurso al Supremo y creen que los barones autonómicos están haciendo una "defensa el modelo autonómico" y del "normal funcionamiento del Estado de las autonomías".
La primera en anunciar el trámite judicial -y la única en presentarlo, hasta ahora, formalmente- fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a ella se fueron sumando otros gobernantes como el aragonés Jorge Azcón o el andaluz Juanma Moreno. "Hay temas fundamentales que no se pueden seguir tratando en los despachos por más que se pretenda", dijo el pasado viernes la regidora madrileña. Los populares piden en tromba la convocatoria de la Conferencia para abordar varios ámbitos, aunque ponen el foco en dar forma a un Plan Nacional de Inmigración para abordar la oleada migratoria que llega a las costas canarias.
¿Qué defiende el Gobierno?
El Gobierno central no ve necesaria la inmediatez exigida por los populares y opta por una reunión de los presidentes en septiembre. Como justificación por no haberla convocado antes, Moncloa se escuda en las reuniones sectoriales específicas convocadas por los ministerios. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, pone el foco en la gestión de la crisis migratoria y destaca que, ante las peticiones del PP de crear un consenso para este asunto, el Gobierno convocó una Conferencia Sectorial de la Inmigración -celebrada este lunes-, bajo la coordinación de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
Alegría pone el acento en que el PP cogobierna en Canarias y gobierna en Ceuta y Melilla y presume de haber estado involucrados "desde el inicio" en dar una respuesta al reto migratorio. De hecho, la portavoz critica la falta de "solidaridad", "humanidad" y "responsabilidad" del PP y asegura que la solución al problema habría sido apoyar la toma en consideración de la reforma de la ley de Extranjería, una norma "reveladora" tanto en forma como en fondo, que recibió el 'no' de los populares.
La también ministra de Educación justifica que, de las 26 Conferencias de Presidentes que se han llevado a cabo desde la fundación del órgano, 20 han tenido lugar bajo los mandatos Pedro Sánchez. Cabe destacar que, de esta veintena de reuniones, 14 tuvieron lugar de forma extraordinaria y periódica entre el 15 de marzo y el 14 de junio de 2020 a razón de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la Covid-19.
¿Para qué sirve este órgano?
La Conferencia de Presidentes se fundó hace dos décadas con objeto de reunir a los líderes de las 17 Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla para debatir sobre las grandes directrices de las políticas públicas, sectoriales y territoriales y sobre los asuntos de importancia relevante para el Estado de las autonomías. Desde su germen, se han celebrado 26 reuniones, la última de ellas el 13 de marzo de 2022 -hace dos años y cuatro meses-, con el estallido de la guerra de Ucrania.
Durante los últimos veinte años, las Conferencias de Presidentes han abordado materias de especial trascendencia como la participación de las regiones en asuntos europeos en 2004, la mejora de la financiación de la asistencia sanitaria en 2004 y 2005, la creación de Conferencias Sectoriales de Agua e Inmigración y de una Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología en 2007 o un marco de colaboración contra la violencia de género en 2009.
Tres años después, en octubre de 2012, los presidentes autonómicos y el entonces jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, emitieron una declaración de Estabilidad Fiscal, Situación Económica y laboral de España para solventar los efectos de la crisis económica de 2008 en estos tres ámbitos. Durante el mandato de Rajoy, hubo un periodo de cuatro años y tres meses en los que no se celebró ninguna Conferencia de Presidentes. Fue en enero de 2017 cuando los líderes autonómicos se volvieron a reunir, poniendo el foco en las políticas de empleo.
Durante el Gobierno de Pedro Sánchez, la pandemia obligó a celebrar una oleada de reuniones extraordinarias, con 14 reuniones en solo tres meses. Posteriormente, se celebraron seis agrupaciones más, también con el foco puesto en solventar los efectos sanitarios y económicos de la pandemia, por ejemplo, con la creación de una Conferencia Sectorial del Fondo de Reconstrucción Europea en julio de 2020.
En 2022, con la invasión rusa de Ucrania, se celebró la última de las Conferencias de Presidentes convocadas hasta ahora, en la que se firmó la Declaración de Palma. Este pacto dejó patente el compromiso del Gobierno y las CCAA de impulsar la colaboración para una respuesta conjunta a la acogida de refugiados y a las consecuencias económicas y energéticas del conflicto. Ahora, la crisis migratoria que vive Canarias en sus costas se presenta como protagonista de una eventual Conferencia de Presidentes.
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